28 de julio del 2020
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
La detención arbitraria, injusta, abrupta y violenta del médico urgenciólogo Dr. Gerardo Vicente Grajales Yuca, director del Centro COVID del ISSTECH en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, acusado de abuso de autoridad y negligencia y responsabilizándolo de la muerte por COVID19 de un político de la clase en el poder local, no solo es la más reciente de las arbitrariedades y atropellos que se ejecutan en nuestro golpeado estado de Chiapas, sino que descubre con crudeza el listado de deficiencias e ineficiencias con las que se ha manejado la emergencia sanitaria en la entidad; lo que se han venido denunciando sistemáticamente sin que se haya logrado atención ni del nivel estatal ni del nivel federal, cosa por demás desalentadora, considerando que una amplia franja del pueblo mexicano y chiapaneco nos hemos puesto del lado de la transformación de nuestro país y la erradicación de la corrupción de las prácticas políticas y culturales.
La insuficiencia en el abasto de material médico, equipo, medicamentos, insumos de desinfección, etc. fue de las primeras inconsistencias en el manejo de la pandemia en el estado. Se ha denunciado continuamente por parte de las y los trabajadores de salud, sindicalizados y no, sin ninguna mejora a lo largo de los meses. Esto ha generado no solamente una afectación directa al personal sanitario de primera línea de atención sino una afectación también directa a la población, mucha de la cual ha debido gastar grandes cantidades de dinero para abastecer a sus familiares enfermos y hospitalizados, sin importar si se trata de la población general o de los prestadores de servicios de salud y sus familiares, quienes tendrían que tener acceso a una cobertura de salud universal, tanto los unos como los otros. La falta de insumos en la entidad llama la atención porque a nivel federal se asegura que desde allá se ha cumplido con el deber, sin embargo eso no se refleja hoy por hoy en la realidad chiapaneca y muy lamentablemente los funcionarios del nivel federal parecen no ver ni oír las protestas del pueblo.
La falta de protección al personal de salud es otra de las grandes denuncias que ha hecho la sección 50 del Sindicato de Trabajadorxs de la Salud de la entidad, ya que decenas de médicas y médicos, enfermeras, camilleros, y demás personal sanitario de primera línea han perdido la vida en esta pandemia debido a la insuficiente protección durante su trabajo a favor de nuestra población. Tampoco se ha atendido esta demanda: pese a los informes oficiales, en la realidad los Centros COVID en el estado están saturados de pacientes y con recursos limitados: no hay camas disponibles suficientes para la demanda, no hay ventiladores, no hay por momentos ni jeringas, no importa si eres o no personal de salud, correrás la misma suerte, si te enfermas de COVID19.
Por si fuera poco, la intimidación y el hostigamiento al personal de salud que se atreva a denunciar las condiciones en las que se encuentran laborando también ha sido una constante que ha sido denunciada por el personal médico y sanitario del Sindicato y de distintos centros hospitalarios de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, incluso con paros laborales momentáneos que el personal ha hecho para llamar la atención de las autoridades y para que se atiendan sus demandas de apoyo en la tremenda labor que han desarrollado las y los trabajadores de la salud.
O usted, señor Presidente, con todo respeto, no ha sido suficientemente informado por sus equipos, o estos no están prestando atención a sus indicaciones de combatir la corrupción, o las autoridades estatales los tienen completamente engañados y a ellos les ha faltado capacidad para entender lo que pasa en Chiapas y buscar la forma de atenderlo. La detención arbitraria del médico en cuestión genera una enorme indignación en la población porque muestra todos los desprecios de la clase chiapaneca en el poder:
El desprecio por la justicia y la democracia, ya que este abusivo hecho ha develado que dentro del Centro COVID del ISSTECH existe un área especialmente reservada para la clase política, donde se han atendido pacientes graves de COVID que no son derechohabientes pero tienen filiación política y por ello han sido atendidos de manera preferente por encima de las y los derechohabientes de la clase trabajadora, sanitaria y magisterial, que representa una población mayoritaria de derechohabientes del ISSTECH. De este abuso de confianza y manejo discrecional de los servicios públicos son responsables tanto el Director de dicha institución como el Secretario de Salud, quien es un funcionario público con innumerables reproches de la población, por su profunda insensibilidad, prepotencia y desprecio para con la población, para con el personal de salud y para con los medios, además de ser una persona muy incompetente en su trabajo y en su formación profesional.
El desprecio por el personal de salud, hecho especialmente grave cuando se expresa dirigido a quienes han estado al frente de la primera línea de atención desde su inicio y cuyo trabajo ha sido ampliamente reconocido tanto por las personas beneficiadas de su cuidados como por sus propios compañeros y compañeras de trabajo. El caso del doctor en cuestión no es el único pero desde luego representa una muestra de la poca valoración que se le da al quehacer médico, a pesar de que en nuestro país una gran cantidad de médicos y médicas se han retirado de los espacios COVID eligiendo libremente su resguardo y dejando los servicios con una franja pequeña de personal sanitario, que ha sido quien voluntariamente o por necesidad ha debido resistir a este difícil periodo al frente de los servicios en situación de pandemia.
El desprecio por la verdad y la transparencia, ya que incluso el gobernador Rutilio Escandón azuza a la población para denunciar al personal de salud si le es cobrado un medicamento o si se le pide a las familias para su pago, cuando todo el pueblo que hemos accedido a los servicios públicos por años hemos tenido que sufragar la mayoría de los medicamentos que se nos indican, porque los servicios de salud siempre se han mantenido en déficit en este golpeado estado: a Chiapas, señor Presidente, la transformación estructural que usted impulsa no ha llegado, es necesario que esto se entienda. Sigue gobernándonos un poder caciquil, arbitrario, racista y clasista que mantiene intacto su poder político y económico, con graves consecuencias para la vida social y política del estado.
Y finalmente el desprecio por la población golpeada por la COVID19, que ahora mismo está acudiendo a los centros de atención donde el personal de salud está menguado por las repetidas injusticias y abusos de las autoridades locales y que ahora incluso está siendo afectado, en la persona del Dr. Grajales, por una clase política que se cobra y paga favores con la desgracia y el dolor ajeno, ya que es un secreto a voces que la detención arbitraria ha sido promovida por el Secretario de Salud del estado, quien ha visto afectados sus intereses por la denuncia del Dr. Grajales sobre la falta de insumos y equipo.
Por todo lo anterior:
REPUDIAMOS enérgicamente los últimos sucesos relatados y le solicitamos su inmediata intervención, a través de las instancias judiciales correspondientes, para dar marcha atrás a la detención arbitraria y hacer efectiva la liberación inmediata del Dr. Grajales Yuca y su restitución en su puesto laboral, donde más se necesita en este momento.
Señor Presidente López Obrador:
Quienes firmamos este comunicado, gente de a pie de distintas organizaciones sociales y comunitarias, que todos los días caminamos con quienes más lo necesitan, que ponemos el cuerpo, la mente y el corazón en el sueño de un país mejor, de un estado mejor; gente que como usted tiene un largo camino de lucha en estos territorios, gente que como usted queremos la verdadera transformación del país, de la manera más atenta y encarecida, confiando en su integridad ética y política, le solicitamos ponga atención directa en lo que está pasando en Chiapas.
Hay graves situaciones que no se han atendido históricamente y es de la mayor relevancia que se deje de desestimar su gravedad. La que denunciamos en este momento solo es una de ellas, que no es menor. Hoy es el momento de contribuir al desligue del pueblo chiapaneco de los poderes fácticos que golpean a nuestra población trabajadora, mestiza e indígena, de las ciudades y de las comunidades. Usted vendrá a vivir a nuestro estado en unos años, por favor no espere hasta entonces para comprobar que es preciso tomar en serio estos problemas.
Urge, Presidente Andrés Manuel, que se tomen medidas para corregir la conducción y administración sanitaria de la pandemia tanto como medidas para el desmontaje y desarmado de las estructuras políticas locales, partidistas y no partidistas, que están obstaculizando la construcción del proceso de cambio y transformación que el país y el estado necesitan.
Por los derechos de las y los trabajadores de salud
Por los derechos de la población general
Por el derecho a la verdad y la transparencia
Por el derecho universal a la salud para nuestro pueblo
Atentamente, suscribimos esta carta:
1. Coni López Silva, educadora popular
2. Antonia López Méndez, promotora de salud comunitaria
3. Lucia Hernández Vázquez, educadora popular
4. María Georgina Rivas Bocanegra, profesora y médica comunitaria
5. Cristina González Serna, comunicadora social y comunitaria
6. Juana Méndez López, promotora de salud y educación comunitaria
7. María del Carmen Cambrano Sarao, psicóloga social
8. Joel Heredia Cuevas, médico comunitario
9. Luz Mariana Echeverría Almaraz, médica comunitaria
10. Julio Antonio Cruz Jiménez, médico comunitario
11. Saúl Hernández Morales, promotor de desarrollo comunitario
12. Patricia Miller Pisón, antropóloga
13. Graciela Osorno Morales, socióloga
14. Andrea Mansur Pulido pasante fisioterapista
16. lma Alicia Ochoa Moctezuma, comunicadora social
17. David Meléndez Navarro, médico epidemiólogo
18. María Graciela Freyermuth Enciso, médica investigadora.
19. Gabriel Torres López, médico
20. Zedxi Velázquez Fiallo, defensora de derechos humanos
21. Alejandra Muñoz, defensora de derechos humanos
22. Karla Yazmin Escobar Domínguez, defensora de derechos humanos
23. Bárbara Yaquelin Pérez, defensora de derechos humanos
24. Alejandro Guerrero Reynoso, promotor educativo
25. Deyanira Clériga Morales, defensora de derechos humanos
26. Alma Rosa Rojas Zamora, educadora popular y defensora de derechos humanos
27. Sofía Escobar Domínguez
28. Emelia Domínguez Domínguez
29. José Antonio López Pérez
30. Juan Pablo Orozco Salazar
31. Mayra Leticia Belmares Lopez, educadora comunitaria
32. Cristina Garcia Angel, educadora comunitaria
33. Angélica Schenerock,
34. Zafiro Patiño Mercado
35. Marcos Arana Cedeño
36. Ana Cristina Vázquez Carpizo
37. Carlos Alexis Córdova Jácome, médico comunitario
38. Gabriela Ortiz Cossío, educadora popular
39. Roger Maldonado, profesor y defensor de derechos humanos.
40. Luz Luvia Pérez Encino, enfermera y promotora de salud.
41. Ana Valadez Ortega, investigadora independiente
42. Yolanda Ortega Liévano, enfermera jubilada
43. Lourdes Gutiérrez Zúñiga, educadora popular
44. David Fernando Zepeda González, director médico
45. Rosario Aguilar Argüello
46. Kjell Künhe
47. Emilia Natividad luna Vázquez
48. María Bernardina Hernández Vázquez
49. Zaragoza Gómez Pérez
50. Ofelia Pérez Ruiz, partera
51. Verónica Xochitl Rosas Wong, medica
52. Sandra Lee Bedolla Mancilla, médica general
53. Rosa María Patricia Sánchez Gutiérrez
54. Adriana Toleda, escritora
55. Patricia Vega Estens, médica
56. Guillermo Villaseñor García, profesor universitario
57. María Reynosa Hernández, educadora comunitaria
58. José de Jesús Landín García, educador comunitario
59. Fulgencio Díaz Lorenzo, promotor de salud y educador popular
60. Rodrigo López de la Cerda Velarde, médico
61. Beatriz Eugenia De Angoitia Guerreo, médica
62. Alejandrina Cabrera Muñoz, médica
63. Cristóbal Constantino De Angoitia, médico
64. Teresa Moshan Cosh, educadora popular
65. Mariano de la Torre Sánchez, educador popular
66. Cesar Uriel Vásquez Ramírez, médico pasante
67. Jessica Lourdes Hernández Sáenz, médica pasante
68. Janeth Martínez
69. Silvia Manuela Culej Martínez, enfermera
70. Stella Maris Figueroa, psicóloga, derechos humanos.
71. Alejandro Heredia López
72. Joel Heredia López
73. Manuel Toca Figueroa, médico
74. Miguel Maza López, pediatra y promotor de salud
75. Lucero González Alamías, médica pediatra
76. Rosalinda Santis Diaz, tejedora
77. Gladys Galarreta Horward, educadora
78. Quetzi Gordillo Pablo, promotora de desarrollo comunitario.
79. Yolanda Castro Apreza, activista
80. Celerina Ruiz Nuñez, tejedora
81. Mercedes Perez Pérez, tejedora
82. Selina García Morales, tejedora
83. Celia Santiz Ruiz, tejedora
84. Claudia Vazquez Perez, tejedora
85. Micaela Diaz Ruiz, tejedora
86. Maria Santiz Diaz, tejedora
87. Elvia Gómez Lopez, tejedora
88. Juana Perez Teratol, tejedora
89. Cecilia López Perez, tejedora
89. Lucía Díaz Ruiz, tejedora
90. Andrés Santiz Ruiz
91. Oswaldo Santiz Díaz
92. Micaela Hernandez Meza
93. Arnulfo Calvo Hernandez
94. María Elsa Samperio Reyes, terapeuta
95. Pedro Faro, defensor de derechos humanos
96. Patricia Figueroa, naturópata
97. Héctor Javier Sánchez, médico activista
98. Araceli Tercero Moreno, psicóloga
99. Ana Cristina Vázquez Carpizo, historiadora
100. Gloria Guadalupe Flores Ruiz, abogada
101. Juana María Zebadúa Cerda, profesora
102. María de la luz García Moya, antropóloga social
103. Marta Mendoza, activista
104. Leydi Chame López, profesora de secundaria
105. Evangelina Cruz Dávila, socióloga
106. Gabriela Melgar
107. Joel Uribe Reyes
108. Rubén Moreno, defensor de derechos humanos
109. Montserrat Méndez, médica salubrista
110. Juan Antonio Flores
111. Gerdi Seidl, docente de desarrollo rural
112. Leonardo Toledo Garibaldi, comunicólogo
113. Jorge Mauricio Buenrostro Solís, enfermero
114. Alejandra Monette Álvarez Castillo, defensora de derechos humanos
115. Adriana Marroquin, activista
116. Rosa Estela Rodriguez, defensora de derechos humanos
117. Mario Alberto Ortega, defensor de derechos humanos
118. Juan Pablo Nava, defensor de derechos humanos
119. Luz del Carmen Silva Pérez, Biologa
Foto de portada: Gaby Coutiño.
google 1009
ResponderEliminargoogle 1010
google 1011
google 1012
google 1013
google 1014
google 1015
google 1016
google 1017