Basta de impunidad en feminicidios y transfeminicidios

Todas las personas en el mundo sin importar nuestra identidad, expresión de género u orientación sexual, merecemos ser respetadas y vivir sin temor ni discriminación

San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 23 de agosto de 2019

Tanto los feminicidios como los transfeminicidios, tienen orígenes comunes. El sistema capitalista, racista, clasista, colonialista, patriarcal, heteronormado y misógino, que articula la violencia hacia los cuerpos femeninos, considerándoles objetos inferiores que se pueden poseer, consumir y desechar.

Nivel Nacional:

Nuestro país ocupa el primer lugar en América Latina en feminicidios: de enero a junio de 2019 se han registrado 1,120 muertes violentas de mujeres, lo que significa que cada dos horas una mujer es asesinada.

También ocupa el segundo lugar a nivel mundial en asesinatos de personas transgénero.

Nivel Estatal:

Durante el 2019, se han registrado 120 muertes violentas de mujeres, de las cuales únicamente 49 han sido tipificadas como feminicidios¹.

En lo que va del año se han registrado 7 agresiones y crímenes de odio, así como 7 violaciones de los derechos humanos por parte de servidores públicos en contra de la población LGBTI².

En el Diagnóstico Regional de Atención a personas LGBTI el 22.57% de personas participantes refirió haber sido víctima de agresiones físicas relacionadas con su condición de género. Más de la mitad dijeron haber sido víctimas de distintas formas de amenazas³.

Nivel municipal:

El Observatorio Feminista Contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, señala que en San Cristóbal de las Casas:

De enero a la fecha, se han registrado 12 muertes violentas de mujeres⁴; más de un feminicidio por mes. De estos, 5 pueden catalogarse como feminicidios consumados y 1 como transfeminicidio. Dos de estos ocurrieron recientemente:

11 de agosto, Aylin una mujer trans encontrada sin vida.
14 de agosto, María de la Luz asesinada en su domicilio.

Desde 2016, se declaró la Alerta de Violencia de Género en Chiapas, de esa fecha a la actualidad las cifras de violencia y muerte hacia las mujeres no han disminuido, sino que han aumentado. Y aunque esta situación es alarmante en todo el estado, la alerta solo abarca 22 municipios. Es evidente que los lineamientos planteados en dicha alerta son ineficientes, y su aplicación en la mayoría de los casos es inexistente.

Por otro lado, pese a que se presentó la iniciativa para reconocer el derecho a la identidad de las personas trans en el Congreso del Estado, hasta el momento no hay una resolución que reconozca este derecho fundamental. Para las mujeres trans, dicha negación vulnera la garantía de otros derechos: la educación, la salud, el trabajo digno y a vivir una vida libre de violencia.

La inacción e impunidad por parte de las autoridades frente a los delitos cometidos contra las Mujeres y Mujeres Trans permite la reproducción y perpetuación de la violencia heteropatriarcal, además de reforzar la desigualdad y la discriminación. La inseguridad que atenta contra la vida de nuestras compañeras es responsabilidad del Estado.

Ante este contexto de violencia y muerte, exigimos:

Que las autoridades de los tres niveles de gobierno implementen acciones de prevención, seguridad y acceso a la justicia para la erradicación de la violencia hacia las mujeres y personas trans.
Que el Congreso del Estado destine presupuesto para implementar las medidas dispuestas en la Alerta de Violencia de Género para todos los municipios.
Atender las recomendaciones realizadas por la Campaña popular Contra las violencias hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, e implementar estrategias y acciones frente a este panorama alarmante.
Que las autoridades encargadas de la procuración de justicia cumplan debidamente con su obligación de identificar y explorar todas las líneas de investigación posibles dirigidas a sancionar a quien resulte responsable de los transfeminicidios y feminicidios en nuestro municipio.
Observar y aplicar el Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, así como el Protocolo de Actuación para el Personal de las instancias de procuración de justicia del país en casos que involucren la orientación sexual y la identidad de género.
Aplicar una perspectiva de género que permita identificar las características y situaciones de discriminación y violencia en las que probablemente se encontraba las victimas antes y durante la privación de su vida.
Que la Fiscalía garantice durante las investigaciones la participación de las y los familiares, agotando todos los medios que permitan el acceso a la verdad y a la justicia.
Exhortamos a los medios de comunicación, instituciones educativas y población en general a tomar medidas concretas y urgentes ante la problemática de violencia, discriminación y transfobia que se viven en el municipio.