El
Estado y las empresas deben cumplir con el respeto a los derechos
colectivos a la autonomía así como a la tierra y el territorio de
los pueblos
La
responsabilidad de empresas y Estado mexicano en la violación a
derechos
humanos en comunidades y pueblos en Chiapas, forma parte de la
información presentada por
más de 100 organizaciones, comunidades y redes de la sociedad civil
al
Grupo de Trabajo Sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas, en
el marco de la visita oficial del organismo internacional a México,
del
29 de agosto al 7 de septiembre de 2016.
El
Comité
Ejidal de Chicoasen y el Frayba asistieron
a
la Reunión del Grupo de Trabajo Sobre Empresas y Derechos Humanos de
la ONU, realizado el día 4 de septiembre de 2016, en la comunidad de
San Francisco, Xochicuatla, Estado de México; donde reiteraron
la obligación del Estado mexicano de asegurar la protección de los
derechos humanos de manera integral y universal, incluyendo los
relacionados con tierra, territorio y ambiente.
El
Frayba evidencia que los megraproyectos en Chiapas, en su mayoría
mineros, hidroeléctricos, de turismo y plantaciones siguen una
lógica de despojo: implantación autoritaria, falta de consulta
previa e informada a las poblaciones afectadas, contubernio entre
autoridades de los tres niveles de gobierno, modificación de normas
y leyes, violencia, criminalización y judicialización para quienes
se resisten o se oponen. Graves violaciones a los derechos humanos
sobre los pueblos indígenas, lo cual se suma a la histórica y
actual exclusión de la que son objeto.
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