Estado Mexicano viola Derechos Humanos de magisterio en Chiapas ante la imposición de la Reforma Educativa Federal
San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 29 de mayo de 2016
P
R O N U N C I A M I E N T O
Estado
Mexicano viola Derechos Humanos de magisterio en Chiapas
ante
la imposición de la Reforma Educativa Federal
El
movimiento magisterial en México, y particularmente en Chiapas,
representa una de las mayores fuerzas políticas del país. En el
transcurso de este año con la jornada nacional llamada “nueva
lucha contra la reforma educativa, por la defensa de la enseñanza
pública y la estabilidad laboral”,
las maestras y maestros han expresado su rechazo a la política
privatizadora de Enrique Peña Nieto.
El
gobierno federal y estatal ha tratado de minimizar la dimensión de
las protestas en el Estado de Chiapas, obviando que a éstas se han
sumado estudiantes, familias, sindicatos, transportistas, pueblos
indígenas, organizaciones sociales y campesinas que han manifestado
su rechazo a los actos de desprestigio y represión ejecutados en
contra de integrantes de las Secciones 7 y 40 de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), agremiados al
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Ejemplo
de ello fue lo sucedido el pasado 15 de abril cuando la policía
federal y estatal, lejos de todo protocolo de actuación, lanzó
gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la sociedad civil
en general y usó balas de goma en contra de docentes que se
encontraban marchando en las ciudades de San Cristóbal de Las Casas
y Tuxtla Gutiérrez; Testimonio de ello fue ampliamente difundido a
través de redes sociales y medios alternativos que publicaron las
denuncias de abuso de autoridad derivado del operativo así como la
presencia de grupos de choque que se infiltraban en las protestas,
mientras tanto los medios oficiales ocultaron y tergiversaron la
información equiparando a los manifestantes como delincuentes.
Esta
situación se agrava con las declaraciones del Secretario de Gobierno
de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, quien avaló el actuar
desmedido de los cuerpos policiacos justificando “garantizar el
libre tránsito”.
El
16 de abril, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las
Casas (Frayba) informó1
del uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de la
ciudadanía y de la detención arbitraria de 8 profesoras, 10
profesores y tres personas más que fueron privadas arbitrariamente
de su libertad y sometidos a actos de tortura, tratos crueles,
inhumanos y degradantes; así como del ilegal traslado de los
detenidos al penal de máxima seguridad en la ciudad de Tepic,
Nayarit, señalándoles delitos por ataques a las vías de
comunicación, daños, lesiones y terrorismo, acusaciones que forman
parte de un patrón recurrente por el Estado para criminalizar a
quienes ejercen su Derecho a la protesta social.
No
obstante estos antecedentes el pasado 15 de mayo, tras una marcha
multitudinaria en la que participaron diversos sectores de la
sociedad, la respuesta del Secretario de Educación, Aurelio Nuño
Mayer, fue la de enviar a Chiapas miles de efectivos de la Policía
Federal con la intención de intimidar, reprimir las protestas y
sostener la amenaza de desalojar el plantón permanente que se
mantiene frente al palacio de gobierno en la plaza central de Tuxtla
Gutiérrez.
Conforme
avanzan los días de protesta y resistencia del Movimiento
Democrático Magisterial, las agresiones por parte de los cuerpos
policiacos son constantes y de mayor intensidad. La represión hacia
las maestras/os, que ha trastocado a otros sectores de la población,
también ha generado movilizaciones en la mayor parte de los
municipios de Chiapas en exigencia de:
a)
Salida inmediata de la Policía Federal, como ocurrió en días
pasados en Chiapa de Corzo, debido a las agresiones en contra de
mujeres y niños que han salido en defensa de sus maestras y
maestros.
b)
Alto a la persecución judicial, detenciones arbitrarias, represión
generalizada, actos de hostigamiento (sobrevuelos de helicópteros) y
asesinatos contra el pueblo organizado.
c)
No a la Reforma Educativa (evaluación punitiva) que atenta contra
los derechos laborales del magisterio.
d)
Respeto irrestricto a la movilización popular, pacífica y civil,
particularmente hacia las mujeres que están en el plantón
resguardando el campamento.
En
este contexto, no podemos obviar el descontento popular que ha
escalado el nivel de conflictividad y violencia suscitado en los
municipios de Chenalho, Chanal, Oxchuc, Chilón, Simojovel y San Juan
Chamula en donde los tres niveles de gobierno han dado muestra de su
incompetencia haciendo uso desproporcionado de la fuerza pública
para reprimir, controlar e imponer “la paz social”.
Por
todo ello, y ante la gravedad de los hechos, EXIGIMOS
al Gobierno Federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, y al
Gobierno Estatal representado por Manuel Velasco Coello:
- Cesar los actos de represión hacia las y los integrantes de las Secciones 7 y 40 de la CNTE del SNTE, padres de familia, estudiantes, organizaciones campesinas y sociedad civil en general.
- Se cancelen de manera definitiva las órdenes de aprehensión libradas en contra de las y los maestros y del Movimiento Popular Magisterial.
- Se garantice el Derecho a la libertad de expresión, asociación y manifestación consagrados en nuestra carta magna así como en diversos tratados y acuerdos internacionales.
- Se garantice en todo momento la integridad física, psicológica y emocional de las y los maestros de la Sección 7 y 40 de la CNTE.
- Se privilegie el dialogo que contribuyan a la búsqueda de soluciones.
- Ordenar el retiro inmediato de todos los elementos de la Policía Federal que arribó a Chiapas, ya que genera hostilidad a la población civil.
- El pago de salarios retenidos y la reinstalación de las maestras/os despedidos por oponerse a la imposición de la Reforma Educativa.
- Dar marcha atrás a la Reforma Educativa salvaguardando los derechos laborales del magisterio.
De
manera particular, como Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C
(CDMCh) evidenciamos que los actos de represión dirigidos hacia las
mujeres que participan en el Movimiento Magisterial tienen por
intención vulnerar su condición de género provocando humillación,
miedo, tensión y angustia para romper el tejido familiar, colectivo
y comunitario que sostiene la resistencia en las protestas.
Como
organizaciones civiles, condenamos el uso de la violencia en contra
de las mujeres y hombres del magisterio de Chiapas y exhortamos a la
comunidad internacional a estar atentos y externar su solidaridad
para denunciar las violaciones a Derechos Humanos cometidas por el
Estado Mexicano.
Atentamente:
Casa
de la Mujer Ixim Antsetik
Centro
de Derechos Humanos Digna Ochoa
Centro
de Derechos de la Mujer de Chiapas
Frente
Cívico Tonalteco
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