La
criminalización de personas defensoras de derechos humanos en el
contexto de la extracción de recursos naturales y de megaproyectos
se ha convertido en un fenómeno muy preocupante en América Latina,
denuncia El Observatorio Para la Protección de los Defensores de
Derechos Humanos en su informe sobre el tema, publicado en febrero de
2016. Entre los casos de preocupación informa la historia de Berta
Isabel Cáceres Flores, cofundadora del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),
organización del pueblo lenca en defensa del río Blanco frente a la
construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
Berta
Cáceres, asesinada el 03 de marzo de 2016, en su casa, contaba con
medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
por la grave situación de riesgo en la que se encontraba, con
amenazas reiteradas de muerte, agresiones, criminalización,
hostigamiento e intimidación constante contra ella, su familia e
integrantes de su organización. Mediante un comunicado de prensa la
CIDH expresó que este crimen no puede quedar en la impunidad y
reiteró al Estado hondureño la urgente necesidad de proteger a
quienes defienden derechos humanos.
Honduras
es el país más peligroso del mundo para las personas defensoras del
derecho a la tierra, el territorio y el medio ambiente. El asesinato
de la lideresa indígena del pueblo Lenca en Honduras Berta Isabel
Cáceres Flores, está enmarcado en el despojo de la tierra y saqueo
de los recursos naturales por parte del Estado Hondureño y las
empresas transnacionales que impulsan proyectos extractivistas e
hidroléctricas en los diferentes territorios indígenas del país.
El
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH), organización que Berta Cáceres co-fundó y de la cual,
hasta el momento de su asesinato, era la Coordinadora General, exige
que se envíen expertos independientes de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para conducir una investigación imparcial,
transparente y limpia y así evitar que este crimen quede en la
impunidad. Responsabilizan al Estado de honduras que la persiguió,
amenazó y protege a la empresa DESA.
Una
semana antes de su muerte Berta Cáceres denunció en una rueda de
prensa los asesinatos de cuatro líderes de su comunidad, así como
amenazas en contra de ella y otros defensores y defensoras de
derechos humanos. La COPINH exige fin a la criminalización de la
organización y que se respete la integridad física de todas y todos
los miembros del COPINH. Además reafirma su lucha en defensa de los
bienes comunes de la naturaleza y el pueblo lenca, exige la salida de
la empresa DESA del Río Gualcarque y el retiro del dinero y apoyo de
aquellos organismos financieros internacionales al Proyecto Agua
Zarca.
Desde
México el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas,
manifiesta su repudio e indignación a las autoridades de Honduras
por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Isabel
Cáceres Flores. Nos sumamos a las voces internacionales y urgimos
una investigación expedita y profunda del asesinato de Berta Cáceres
y que se garantice la vida e integridad personal de las y los
integrantes del COPINH. Cese la criminalización a personas
defensoras del territorio en América Latina.
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