A todos los defensores y organismos de
derechos humanos estatales, nacionales e internacionales
A todos los adherentes de la otra campaña.
A todas las organizaciones sociales y
políticas
A la prensa local, estatal, nacional e
internacional.
A todos los medios de comunicación
alternativos.
A todas las organizaciones independientes.
A todos los senadores y diputados federales
con compromiso social con la población campesino.
A todos los diputados locales con compromiso
social con la población campesino.
A todos los medios masivos de difusión.
A todos los luchadores sociales.
A toda la sociedad civil.
A la opinión pública.
A todo el pueblo de México y el mundo.
Hermanos y Hermanas, compañeras y compañeros,
somos habitantes hombres y mujeres de la comunidad campesina
Altamira, que se localiza en el municipio de Huixtla, estado
de Chiapas. Somos campesinos que hemos permanecido en la
lucha por la tierra por mas de tres décadas, sin lograr el
fin último de la certeza y seguridad jurídica en la posesión
de tierras donde vivimos y trabajamos.
Nuestra historia es muy particular donde la
justicia agraria en el periodo de reparto de nuestras
tierras no dio respuesta a nuestros reclamos, mucho menos
después del fin de reparto agrario y las políticas de compra
de tierras que se han implementado en nuestro estado de
Chiapas, nunca tuvimos ni tenemos una atención a nuestra
necesidad como campesinos, por el contrario, la política
gubernamental nos han entrampado en una pugna entre hermanos
campesinos, con lo que hoy existen predios adquiridos por la
Secretaria de la Reforma Agraria que son manzanas de la
discordia, como son los predios San Clemente, Belen I y
Belen II.
Como referente histórico, manifestamos que
nosotros ocupamos desde el año 1981 tierras en el municipio
de Huixtla que se encontraban enmontados e inhóspitos,
pensando nosotros que eran terrenos propiedad de la nación,
y solicitamos en la vigencia de la ley federal de reforma
agraria dotación de tierras porque nuestro poblado ya estaba
constituido y éramos mucho mas de 20 familias campesinas.
Con lo que cubríamos los requisitos básicos que la ley
citada exigía para poder dotar tierras a los campesinos como
nosotros.
La problemática social-agraria que
actualmente vivimos en la comunidad de Altamira, resume que
después de tantos años no contamos con documentos legales
sobre nuestras tierras, y que además tenemos en contra una
resolución de un órgano jurisdiccional, Tribunal Unitario
Agrario del Cuarto Distrito, que ha resuelto restituir
tierras que nosotros ocupamos por treinta años a tres
particulares y a un ejido denominado Simón Bolívar del
municipio de Tapachula Chiapas, con lo que se pretende
desaparecer a un poblado histórico como el nuestro, que
cuenta con servicios públicos como la luz eléctrica y
educación y casas habitación donde los tres niveles de
gobierno y la propia población hemos invertido recursos
económicos y esfuerzos.
Invitamos a todos los luchadores sociales a
que solidaricen con nosotros, tenemos la razón Y el derecho de luchar por lo que siempre
debió haber sido nuestro. La tierra es de quien la trabaja,
les hacemos saber que estamos siendo hostigados por el
ayuntamiento municipal que preside “Gustavo Cueto
Villanueva,” precisamente este 5 de julio del presente año
se introdujeron a nuestra comunidad patrullas municipales y
de la policía sectorial junto con los supuestos
propietarios, y la amenaza de desalojo esta latente.
Responsabilizamos
al gobierno federal y estatal del derramamiento de sangre
que pudiera darse al pretender desalojarnos de nuestras
tierras.
Zapata vive y la lucha sigue.
Representante.
Santiago de los Santos Peralta.
Catalina Basilio Villalobos.
Rafael Jiménez Rojas.
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