25 nov. 2011

Pronunciamiento de Mujeres de los pueblos de Chiapas







COMUNICADO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA A LAS MUJERES

Este 25 de noviembre de 2011, indígenas y no indígenas integrantes del Movimiento Independiente de Mujeres, del Centro de Derechos de las Mujeres y otras personas de forma independiente, marchamos en San Cristóbal de Las Casas para manifestarnos en contra de la violencia que padecemos como mujeres, como indígenas y como pobres excluidas por el sistema patriarcal y misógino en que vivimos.
De acuerdo a los compromisos internacionales firmados por el gobierno, como la CEDAW y la Declaración de Viena, que se reflejan en las leyes nacionales, el gobierno mexicano tiene la obligación de garantizar nuestro derecho a vivir una vida sin violencia.
Pero lejos de cumplir con su obligación, los gobernantes nacionales, estatales y municipales actuando a favor de los ricos, poderosos y delincuentes, no sólo son cómplices sino también autores de delitos que atentan contra la salud física, sexual y sicológica de nosotras y de nuestras familias. Al gobernar a favor de los ricos empresarios y al aprobar leyes que legitiman los abusos, la impunidad y la delincuencia, que atentan contra la base de nuestra propia existencia dejan clara su posición, como ha sucedido recientemente al otorgar absoluta libertad a las empresas trasnacionales de cultivar semillas transgénicas, sin corazón dicen los abuelos, que acabarán por contaminar nuestro maíz criollo y nos obligarán a depender aún más del mercado para sobrevivir y darán el golpe final a la economía y la cultura campesina.
En nuestro país y especialmente en Chiapas las acciones oficiales emprendidas para erradicar, prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia las mujeres se ha limitado a atender las agresiones inmediatas del ámbito privado protegiendo, a través de la corrupción y la misoginia a los hombres y dejando de lado la responsabilidad del Estado de castigar y prevenir la comisión de nuevos actos que atentan contra la dignidad de las mujeres.
Al no actuar sobre las causas de la violencia se garantiza la repetición de la violencia y al no respetar los compromisos que ha adquirido al ratificar diversos instrumentos internacionales que contemplan derechos de las mujeres se convierte en cómplice y, a veces, en autor intelectual de agresiones con una estrategia es sutil que se ampara en slogans que prometen mayor seguridad, elevar el nivel de desarrollo humano o bien erradicar y combatir la pobreza, como  el Oportunidades o el Seguro Popular.
El pasado 02 de agosto, el presidente Felipe Calderón Hinojosa visitó por vigésima cuarta vez Chiapas para anunciar que es el segundo estado del país en alcanzar “…cobertura universal de salud, médico, medicinas y tratamiento…” [1]y que los chiapanecos “… somos la primera generación… que ejercerá su derecho a la salud, tal y como lo establece la Constitución[2] gracias al Seguro Popular. Esta demagogia contrasta con la realidad del día a día vivimos.

Efectivamente el número de clínicas y hospitales se ha incrementado al igual que sus carencias: falta de equipo, camas, medicamentos y médicos, por tanto el Seguro Popular no es la máxima expresión del acceso a un servicio de salud digno para las mujeres, por el contrario evidencia la especial atención que se presta a los números más que a la calidad[3], además de ser excluyente y discriminatorio[4]. Se nos impone a costa nuestra, la privatización del servicio de salud, que el gobierno tiene obligación de otorgar a toda la población.


El OPORTUNIDADES, programa que supuestamente posee un enfoque de género, de entrada es asistencialista, refuerza el rol tradicional de la mujer quien no solo es la encargada del cuidado de los hijos y de las labores domésticas, también se encuentra obligada a asistir a las pláticas de salud, a las revisiones médicas periódicas, a las interminables reuniones, a limpiar las calles etc. aumentando su trabajo y sus responsabilidades sin eliminar la subordinación de género, al contrario las mujeres tienen que soportar violencias de su pareja que, desplazado de su función de abastecedor, motiva discusiones y disputas que incrementan la violencia familiar. Ahora ya no sólo están las mujeres subordinadas al esposo, sino también al Estado que decide sobre su tiempo, su tranquilidad y su cuerpo, aprovechándose de la necesidad que ocasiona la pobreza.
La justicia es otro de los temas directamente relacionados al quehacer estatal. No basta con modificar constituciones, leyes, códigos, reglamentos, etc., para garantizar el respeto de los derechos de las mujeres. Quienes forman parte del sistema de procuración y administración de justicia deben observar y aplicar, dejando fuera posiciones misóginas y machistas, todos los instrumentos que tienen como finalidad erradicar, prevenir y sancionar la discriminación en razón del género.
Las leyes y las instituciones de justicia con frecuencia son utilizadas para reprimir la protesta y la lucha social de los movimientos de mujeres. En un estado democrático no se puede aceptar la existencia de un aparato de gobierno cómplice de las graves violaciones a los derechos de las humanas que se cometen; es inadmisible la falta de cumplimiento de México, como miembro de la OEA a las recomendaciones y sentencias que se han emitido por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; es indignante la falta de castigo para los feminicidas, violadores y violentadores de mujeres, para los miembros de la Secretaria de la Defensa Nacional y de las diferentes corporaciones policiacas que han agredido sexualmente a mujeres, para los Magistrados, Jueces, Secretarios, Ministerios Públicos que por su negligencia, corrupción y fuerte posición machista han ignorado intencionalmente normas que garantizan la no discriminación hacia las mujeres o bien se han prestado a servir como instrumento de persecución política.
Los casos de feminicidios y de violaciones son difícilmente cuantificables, ya que existe poca información pública disponible y faltan detalles importantes de los casos. Además, cabe considerar el desconocimiento de la violencia hacia las mujeres migrantes, que son doblemente privadas de derechos y más vulnerables, a causa de su situación, llamada “irregular”. Chiapas es, una de las 5 entidades de México con el mayor número de personas víctimas de trata o explotación.
La violencia ejercida contra las mujeres en Chiapas, con su máxima expresión en los casos de feminicidio, es un problema social, cultural y político que exige tomar medidas concretas y urgentes en todos los ámbitos de la actuación pública. Pero por parte de las autoridades, los crímenes perpetrados contra las mujeres son invisibilizados bajo el tema de la lucha contra el narco-tráfico u otros conflictos, y son minimizados por las instituciones públicas, que a menudo llevan a cabo investigaciones deficientes o menosprecian la gravedad de las agresiones.
Denunciamos que el gobierno al permitir el establecimiento, sin límite alguno, de empresas transnacionales fomenta y apoya el despojo de la tierra y el territorio de los pueblos indígenas, favoreciendo la privatización de los recursos naturales, el cultivo se semillas transgénicas, la división al interior de nuestras comunidades, la migración, el desempleo, la explotación, el alza de precios, el acaparamiento de los productos y la profundización de la pobreza, anulando nuestras posibilidades de subsistencia, volviéndonos cada vez más dependientes del mercado.
En este contexto consideramos al Estado Mexicano autor, cómplice y culpable de todos los actos de violencia contra las mujeres, ya que no garantiza nuestra seguridad, ni el ejercicio de nuestros derechos fundamentales y no cumple con todos los compromisos contraídos en distintos tratados internacionales, como los de la Plataforma de Beijing en 1995, la Convención Interamericana Belém do Pará de 1994 o la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1979.
Por todo esto advertimos a las autoridades que:
- Que las mujeres organizadas, no vamos a permitir se nos siga despojando de la madre tierra y que vamos a seguir cultivando nuestro maíz criollo;
- Que rechazamos el cultivo del maíz transgénico, de la palma africana, del piñón y de otras formas de despojo y privatización del campo.
- Que nos oponemos a los programas de gobierno porque en realidad no nos benefician sino que incrementan la violencia en nuestra comunidades, familias y en nosotras.
  • Que las mujeres hemos tomado conciencia de nuestros derechos y de nuestra fuerza para defenderlos y para construir un mundo diferente, por ello:
Exigimos al gobierno mexicano
- el cese de toda la violencia, impunidad e injusticia contra las mujeres y nuestras familias,
- que nos garantice el respeto con igualdad y dignidad de nuestros derechos como mujeres integrantes de los pueblos indígenas y campesinos,
- que respeten nuestros territorios, recursos, semillas
- que se tomen en cuenta nuestras decisiones y necesidades,


¡VIVAN LAS MUJERES EN LUCHA!

San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 25 de noviembre de 2011


[2] Idem
[4] En  2008 el Centro de  Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. documentó y acompañó la denuncia pública realizada por familiares de María Arcos Jiménez, indígena chol, de Tila Chiapas, quien falleció junto con su bebé  ya que se le negó el servicio de salud en hospitales públicos de cuatro municipios por carecer, precisamente, del seguro popular.

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Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas

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