Seguridad sin guerra, paz con justicia y dignidad

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

10 de noviembre de 2018

Pronunciamiento público

• Alto a las agresiones y amenazas de muerte contra personas defensoras de Derechos Humanos, de la tierra, el territorio y de la vida en la zona fronteriza de Chiapas.

Las organizaciones civiles y de derechos humanos que integramos la Red por la Paz en Chiapas saludamos a quienes el día de hoy peregrinan dando vivo testimonio de la reiterada apuesta por construir caminos de paz con justicia y dignidad para los pueblos que afrontan condiciones de violencia estructural y directa que impone el sistema extractivista en Chiapas.

De manera particular abrazamos las causas que enarbola el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, además de hacer nuestras las denuncias públicas del Comité para la promoción y defensa de la vida “Samuel Ruiz García” sobre el contexto de creciente violencia en la región cuya expresión más reciente es la amenaza de muerte que recibió el Padre Eleazar Juárez Flores de la parroquia de San Pedro y San Pablo en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.

Gracias al trabajo de documentación y denuncia de nuestras compañeras defensoras y defensores de derechos humanos de la región fronteriza de Chiapas conocemos del clima de violencia generalizada que padecen los municipios de Comalapa, Chicomuselo, Bella Vista y Amatenango de la Frontera, por citar los más recurrentes, en donde la profundización de la pobreza, la exclusión y el despojo del territorio, el desplazamiento forzado, los asesinatos de personas defensoras, la violencia contra las mujeres y el feminicidio, los proyectos de muerte que trae la minería, la venta ilegal de alcohol y consumo de drogas, la trata de personas y la prostitución se han ido anidando debido al tráfico de influencias, la impunidad y la injusticia con que actúan las autoridades de los distintos niveles en esta franja fronteriza del sureste mexicano.

En ese sentido, como Red por la Paz, nos preocupa que dadas las condiciones de desmantelamiento, división y fractura del tejido social comunitario que impone este contexto de violencia en la región la respuesta del Estado Mexicano sea la aplicación de facto de la Ley de Seguridad Interior (LSI) a través de la instalación y funcionamiento del cuartel militar recién inaugurado en Chicomuselo, Chiapas. Reprobamos los actos de intimidación y provocación que realizan efectivos militares a la labor de promoción y defensa de los derechos humanos de quienes acompañan a personas, organizaciones y comunidades que han optado por la defensa de la vida, por condiciones de seguridad, pero sin guerra y por la construcción de paz con justicia y dignidad.

La Ley de Seguridad Interior busca proteger a las instituciones del Estado Mexicano y la inversión de capital privado transnacional criminalizando la protesta y la oposición, haciendo uso “legal” de la violencia hacia acciones de “resistencia no violenta”, la Ley además faculta a las Fuerzas Armadas a realizar acciones de inspección de las personas y sus bienes; actuar como ejecutor de acciones penales como la aprehensión o detención de personas y tener plena libertad para intervenir las comunicaciones sin control judicial porque la información que obtenga es de “seguridad nacional”. Incluso el Ejército podría decretar una ocupación militar en lugares que designe junto con el Presidente de la República sin que ello tenga consecuencias administrativas, civiles o penales.

Según esta Ley, entre los delitos y acciones que atentan contra la seguridad interior del país se encuentran las acciones que pueden obstaculizar o atentar contra los servicios públicos, las áreas estratégicas o prioritarias como los proyectos de minería, los programas federales o la inhabilitación de infraestructura. Estos hechos facultan al Ejército para utilizar la fuerza en actos de “resistencia no agresiva”. Así, podrían actuar sin limitaciones o control de ningún tipo sobre el armamento o las municiones que utilicen para salvaguardar las instituciones, el estado de derecho o la seguridad nacional.

Al respecto señalamos que, de manera particular, los costos humanos de esta guerra legalizada contra la población civil cobra entre sus víctimas más vulnerables la vida de mujeres, niñas y niños ya que son considerados como “botín de guerra” o elementos de “castigo ejemplar” para romper el tejido familiar y comunitario buscando desmovilizar la acción social, civil y pacífica de los pueblos organizados.

Ante ello, y en el marco de la coyuntura que se debate hoy en día en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), urgimos que se atienda y escuché el reclamo generalizado para declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior en México ya que aumentarán las violaciones a los derechos humanos, de esto damos testimonio ya que tenemos la experiencia vivida con la ocupación militar de Chiapas a partir de 1994, por ello insistimos en que la presencia del ejército no garantizará un mayor nivel de seguridad, al contrario consideramos que establecer un marco jurídico a las acciones del ejército es legalizar e impulsar el contexto de violencia y de delitos asociados con el combate al crimen organizado.

Nos declaramos atentas a lo que acontece en la región fronteriza de Chiapas y nos solidarizamos con quienes hoy siguen los pasos de El Caminante, Samuel Ruiz García, por los caminos de verdad y justicia para los pueblos.

Red por la Paz Chiapas

Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH)

Centro de Derechos Indígenas, A.C. (CEDIAC)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C. (CDHFP)

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO)

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)

Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ)

Enlace Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE CC)

Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ)

Servicio Internacional para la Paz, A.C. (SIPAZ)