15 jun. 2010

Nuevo hecho de intimidación a Enlace CC, a 7 meses del allanamiento



Comitán Chiapas, a 11 de junio de 2010

A las organizaciones sociales y civiles
A los organismos de derechos humanos
A la sociedad civil:


Nuevo hecho de intimidación a siete meses del allanamiento

A siete mese del allanamiento, abuso de autoridad y tortura que sufrieron Adolfo Guzmán Ordaz, Margarita Guadalupe Martínez Martínez y sus hijos, hacemos un balance de los acontecimientos y exigimos que se sancione a los responsables intelectuales y materiales de estos hechos.

Desde que se hizo la denuncia formal el 23 de noviembre del 2009 comenzaron las amenazas de muerte contra la familia de Adolfo y Margarita y posteriormente contra algunos integrantes del equipo Enlace Comunicación y Capacitación A.C. en Comitán.

A la par de las amenazas y previo al peritaje de reconstrucción de hechos, el 25 de febrero del 2010, Margarita fue privada de su libertad y torturada. A raíz de este último acontecimiento y después de sostener una plática en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacía el llamamiento al Estado Mexicano para salvaguardar la integridad de la familia, se aceptaron las medidas cautelares (MC) que el Estado otorgaba. Desde el 03 de marzo de año en curso se implementaron las MC mediante una escolta permanente que custodia a la familia Ordaz Martínez.

A pesar de que se han implementado las MC, consideramos que ellas no eliminan la condición de vulnerabilidad de Margarita, Adolfo y su familia; por el contrario, en ciertas situaciones la han agudizado. Un ejemplo de ello es lo ocurrido el viernes 04 de junio, cuando Margarita se encontraba en un domicilio de la ciudad de Comitán; mientras ella estaba ahí y en un lapso de dos horas la escolta que implementa las medidas cautelares (MC) para su resguardo fue inquirida de manera sucesiva por tres corporaciones, en un tono cada vez más intimidatorio: primero por cinco elementos de la Policía Ministerial, después por elementos de la Policía Estatal Preventiva y por último por un número aproximado de 32 efectivos del Ejército Mexicano, quienes cortando cartucho, obligaron a la escolta a bajar de la camioneta para revisarla, mientras los encañonaban e interrogaban. En las tres ocasiones la escolta se identificó proporcionando su oficio de designación.

Durante estos meses, constatamos un freno en el avance jurídico del caso:

· Ya que la averiguación previa sigue abierta, pues desde el inicio del proceso los funcionarios públicos citados a rendir su declaración han retrasado su asistencia a la Fiscalía Especializada en la Protección de los Organismos No Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos FEPONGDDH.

· Desde el inicio de la denuncia la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra (FDFS) obstaculizó la investigación al no proporcionar la información que la FEPONGDDH solicitaba en tiempo y forma.

· Dentro de la indagatoria existen contradicciones en las declaraciones testimoniales de los funcionarios públicos, a los que se les ha tomado su confesión, haciéndola cada vez más compleja y tardada.

· El seguimiento al caso jurídico ha sido separado en tres etapas o eventos, (como si fueran hechos aislados). El primero como allanamiento, tortura y abuso de autoridad, el segundo como amenazas y el tercero como secuestro y tortura. Siendo que los tres eventos son parte de la misma indagatoria.

· Ha habido una total falta de acciones para esclarecer el secuestro y tortura sufridos por Margarita.

En este balance, agradecemos y reconocemos la respuesta y gran solidaridad de las organizaciones, sociedad civil y amigos y amigas que han sido fundamentales no sólo para ejercer la presión para la justiciabilidad, sino también como un fuerte apoyo moral y profesional al equipo de ENLACE.

Queremos denunciar que a pesar de los compromisos asumidos por parte del Estado, aún no se han esclarecido los hechos y hasta ahora no se ha señalado a los responsables de tales atropellos y vejaciones cometidas contra la familia de Adolfo y Margarita. Dichas acciones ponen en evidencia la incapacidad y la falta de garantías que el Estado Mexicano destina a los defensores de Derechos Humanos.

A siete meses de los hechos y ante la inmovilidad constatada, exigimos que el Estado Mexicano cumpla con el compromiso adquirido:

· Que se garantice la vida, integridad y seguridad personal de Adolfo, Margarita, su familia y el equipo de ENLACE.

· Que se realice una investigación eficaz e imparcial que dé con los responsables de estos actos y sancione a los autores materiales e intelectuales de estas violaciones de derechos humanos.

ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C.

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