Comunicado de los desplazados del ejido Puebla sobre su retorno

Comunicado de los desplazados del Ejido Puebla sobre su retorno

San Cristóbal de las Casas a 11 de abril de 2014

A los Medios de Comunicación

A los Defensores de Derechos Humanos

A todas las Autoridades Competentes

A todas las Personas y Organizaciones solidarias

A todos los Cristianos de buena voluntad de todas las iglesias

A la Opinión Pública

Nosotros los desplazados de la Colonia Puebla del municipio de Chenalhó, informamos a las organizaciones solidarias, a la opinión pública y a las autoridades de los tres niveles, municipal, estatal y federal, que retornaremos a nuestras casas en la Colonia Puebla el próximo lunes 14 de abril.

A un año de que se iniciaron los problemas en nuestra comunidad por el intento de despojo del terreno donde se ubicaba la ermita católica, nosotros retornamos, no porque los problemas en nuestra comunidad ya estén resueltos, ni porque las autoridades nos hayan ofrecido plenas garantías de que los problemas no se volverán a repetir, sino porque la vida en un campamento de desplazados es muy dura y porque queremos trabajar en nuestras milpas y en nuestros cafetales para poder sostener a nuestras familias. Pero nuestro retorno es un retorno sin justicia, así como lo fue nuestro retorno en el año 2001 después de la masacre de Acteal, cuando dijimos que si no había justicia , esos acontecimientos trágicos podían volver a repetirse, como de hecho se repitieron en parte con las agresiones que sufrimos el año pasado, por parte de los mismos que nos agredieron en 1997, y que nos obligaron a desplazarnos una vez más. Como ahora tampoco hay justicia, tememos que las agresiones puedan volver a repetirse, pero retornamos asumiendo ese riesgo y con nuestra fe puesta, no en las autoridades, sino en las personas y organizaciones solidarias que nos han apoyado y sobre todo con nuestra fe en Dios que nunca olvida a sus hijos.

Lo único que sí se ha resuelto es la posesión del predio para los católicos que ha sido reconocida por las autoridades ejidales ante la comunidad católica y ante las autoridades estatales y federales. Nos encontramos en estos momentos en un diálogo con las autoridades estatales para la reparación de los daños causados tanto al templo que estábamos construyendo como a los daños a nuestro patrimonio causados durante nuestro desplazamiento. Aunque ha habido avances en este tema, lo que no ha avanzado es el tema de la justicia. Continúa la impunidad  los agresores no han recibido ningún castigo.

Hace un mes pensábamos retornar el 14 de marzo, pero unos días antes hubo dos nuevos actos de agresión: el intento de quemar el salón de catequistas y la quema total de la casa de nuestro compañero Macario Arias Gómez. Por esa razón tuvimos que posponer nuestro retorno que ahora retomamos como ya dijimos, no porque se haya hecho justicia sino por nuestra necesidad. Las autoridades dicen que ya hicieron justicia en este caso porque ya detuvieron y consignaron a dos personas al CERESO 5 como culpables de la quema de la casa de Macario. Nosotros de ninguna manera estamos satisfechos con esta supuesta justicia, pues no creemos que estas personas sean los verdaderos responsables. Es importante hacer notar que ninguno de los miembros de la comunidad católica que dieron su testimonio ante el ministerio público señaló a estas personas como presuntos culpables. Los que los señalaron fueron más bien quienes para nosotros son los principales sospechosos. Y es de llamar la atención que en este caso las autoridades ministeriales hayan procedido con gran rapidez mientras que para los casos en que hubo evidente complicidad de las autoridades comunitarias no avanzan nada y nos dicen que no les hemos dado las pruebas de los responsables, como que quieren que nosotros les hagamos el trabajo que les toca hacer como ministerios públicos. Estos casos son los de la destrucción de la ermita (Averiguación Previa número 496/INTA-T1/2013 mesa 5)  y el de la privación ilegal de libertad de nuestro párroco el padre Manuel Pérez Gómez, (Averiguación Previa número 590/INTA-T1/2013, Mesa 6), para citar solo los más notables.

De manera parecida podemos recordar el caso del supuesto envenenamiento del agua del que nos acusaron falsamente las autoridades de la colonia Puebla. Rápidamente detuvieron a 3 de nuestros hermanos, incluyendo a uno de la religión bautista quienes fueron liberados después de 72 horas pero sigue abierto su caso. En cambio, para aclarar que eran falsas esas acusaciones contra nosotros y que no había ningún intoxicado por el agua, las autoridades tardaron mucho tiempo y no lo hicieron con la claridad con la que lo debían haber hecho, al grado de que todavía hoy, hay personas en la comunidad de Puebla que siguen pensando que los católicos envenenamos el agua cuando esto es totalmente falso y existen las pruebas de ello en los análisis del agua y de los supuestos envenenados.

Finalmente, los miembros de la comunidad católica de la colonia Puebla, junto con toda la comunidad católica de la Parroquia de San Pedro Chenalhó, declaramos que no queremos y nunca hemos querido problemas con los miembros de las religiones evangélicas. Declaramos que nunca hemos agredido a nadie, que lo del agua envenenada fue una gran calumnia en contra nuestra, y declaramos que pensamos que todos los miembros de otras religiones son nuestros hermanas y hermanos y esperamos poder avanzar con ellos en la construcción de una convivencia pacífica en nuestra comunidad. Estamos contentos de que muchos de ellos que fueron engañados antes por las autoridades ejidales y comunitarias ya se dieron cuenta de ese engaño y nos han dicho que quieren convivir en paz. Solo que muchos de ellos no se atreven a decirlo públicamente por miedo a represalias como le pasó al hermano de la Iglesia Bautista Juan López Méndez.

A las personas y organizaciones solidarias y a los medios de comunicación les recordamos que aunque retornemos a nuestras casas el problema no está resuelto, que sigan atentos a lo que sucede en la colonia Puebla. La gran ausente en esta situación es la justicia. Si desde el principio las autoridades hubieran cumplido con su obligación de aplicar la ley no hubiera habido ningún problema. Hacemos responsables a las autoridades que deberían haber aplicado la ley y no lo han hecho de cualquier nueva agresión que pueda resultar a causa de sus omisiones.

Elena Vázquez Pérez Por el Consejo Parroquial

Margarita Ruiz Perez Por el Pueblo Creyente:

Por los desplazados de la colonia Puebla:

Macario Arias Gómez Representante de los Desplazados

Juan Hernández López Creyente Católico