San Cristóbal de las
Casas a 11 de abril de 2014
A los Medios de Comunicación
A los Defensores de Derechos Humanos
A todas las Autoridades Competentes
A todas las Personas y Organizaciones
solidarias
A todos los Cristianos de buena voluntad de
todas las iglesias
A la Opinión Pública
Nosotros los desplazados de la
Colonia Puebla del municipio de Chenalhó, informamos a las organizaciones
solidarias, a la opinión pública y a las autoridades de los tres niveles,
municipal, estatal y federal, que retornaremos a nuestras casas en la Colonia
Puebla el próximo lunes 14 de abril.
A un año de que se iniciaron los
problemas en nuestra comunidad por el intento de despojo del terreno donde se
ubicaba la ermita católica, nosotros retornamos, no porque los problemas en
nuestra comunidad ya estén resueltos, ni porque las autoridades nos hayan
ofrecido plenas garantías de que los problemas no se volverán a repetir, sino
porque la vida en un campamento de desplazados es muy dura y porque queremos
trabajar en nuestras milpas y en nuestros cafetales para poder sostener a
nuestras familias. Pero nuestro retorno es un retorno sin justicia, así como lo
fue nuestro retorno en el año 2001 después de la masacre de Acteal, cuando
dijimos que si no había justicia , esos acontecimientos trágicos podían volver
a repetirse, como de hecho se repitieron en parte con las agresiones que
sufrimos el año pasado, por parte de los mismos que nos agredieron en 1997, y
que nos obligaron a desplazarnos una vez más. Como ahora tampoco hay justicia,
tememos que las agresiones puedan volver a repetirse, pero retornamos asumiendo
ese riesgo y con nuestra fe puesta, no en las autoridades, sino en las personas
y organizaciones solidarias que nos han apoyado y sobre todo con nuestra fe en
Dios que nunca olvida a sus hijos.
Lo único que sí se ha resuelto es
la posesión del predio para los católicos que ha sido reconocida por las
autoridades ejidales ante la comunidad católica y ante las autoridades estatales
y federales. Nos encontramos en estos momentos en un diálogo con las
autoridades estatales para la reparación de los daños causados tanto al templo
que estábamos construyendo como a los daños a nuestro patrimonio causados
durante nuestro desplazamiento. Aunque ha habido avances en este tema, lo que
no ha avanzado es el tema de la justicia. Continúa la impunidad los agresores no han recibido ningún castigo.
Hace un mes pensábamos retornar
el 14 de marzo, pero unos días antes hubo dos nuevos actos de agresión: el
intento de quemar el salón de catequistas y la quema total de la casa de
nuestro compañero Macario Arias Gómez. Por esa razón tuvimos que posponer
nuestro retorno que ahora retomamos como ya dijimos, no porque se haya hecho
justicia sino por nuestra necesidad. Las autoridades dicen que ya hicieron
justicia en este caso porque ya detuvieron y consignaron a dos personas al
CERESO 5 como culpables de la quema de la casa de Macario. Nosotros de ninguna
manera estamos satisfechos con esta supuesta justicia, pues no creemos que
estas personas sean los verdaderos responsables. Es importante hacer notar que
ninguno de los miembros de la comunidad católica que dieron su testimonio ante
el ministerio público señaló a estas personas como presuntos culpables. Los que
los señalaron fueron más bien quienes para nosotros son los principales
sospechosos. Y es de llamar la atención que en este caso las autoridades
ministeriales hayan procedido con gran rapidez mientras que para los casos en
que hubo evidente complicidad de las autoridades comunitarias no avanzan nada y
nos dicen que no les hemos dado las pruebas de los responsables, como que
quieren que nosotros les hagamos el trabajo que les toca hacer como ministerios
públicos. Estos casos son los de la destrucción de la ermita (Averiguación
Previa número 496/INTA-T1/2013 mesa 5) y
el de la privación ilegal de libertad de nuestro párroco el padre Manuel Pérez
Gómez, (Averiguación Previa número 590/INTA-T1/2013, Mesa 6), para citar solo
los más notables.
De manera parecida podemos
recordar el caso del supuesto envenenamiento del agua del que nos acusaron
falsamente las autoridades de la colonia Puebla. Rápidamente detuvieron a 3 de
nuestros hermanos, incluyendo a uno de la religión bautista quienes fueron liberados
después de 72 horas pero sigue abierto su caso. En cambio, para aclarar que
eran falsas esas acusaciones contra nosotros y que no había ningún intoxicado
por el agua, las autoridades tardaron mucho tiempo y no lo hicieron con la
claridad con la que lo debían haber hecho, al grado de que todavía hoy, hay
personas en la comunidad de Puebla que siguen pensando que los católicos
envenenamos el agua cuando esto es totalmente falso y existen las pruebas de
ello en los análisis del agua y de los supuestos envenenados.
Finalmente, los miembros de la
comunidad católica de la colonia Puebla, junto con toda la comunidad católica
de la Parroquia de San Pedro Chenalhó, declaramos que no queremos y nunca hemos
querido problemas con los miembros de las religiones evangélicas. Declaramos
que nunca hemos agredido a nadie, que lo del agua envenenada fue una gran
calumnia en contra nuestra, y declaramos que pensamos que todos los miembros de
otras religiones son nuestros hermanas y hermanos y esperamos poder avanzar con
ellos en la construcción de una convivencia pacífica en nuestra comunidad.
Estamos contentos de que muchos de ellos que fueron engañados antes por las
autoridades ejidales y comunitarias ya se dieron cuenta de ese engaño y nos han
dicho que quieren convivir en paz. Solo que muchos de ellos no se atreven a
decirlo públicamente por miedo a represalias como le pasó al hermano de la
Iglesia Bautista Juan López Méndez.
A las personas y organizaciones
solidarias y a los medios de comunicación les recordamos que aunque retornemos
a nuestras casas el problema no está resuelto, que sigan atentos a lo que
sucede en la colonia Puebla. La gran ausente en esta situación es la justicia.
Si desde el principio las autoridades hubieran cumplido con su obligación de
aplicar la ley no hubiera habido ningún problema. Hacemos responsables a las
autoridades que deberían haber aplicado la ley y no lo han hecho de cualquier
nueva agresión que pueda resultar a causa de sus omisiones.
Elena Vázquez
Pérez
Por el Consejo Parroquial
|
Margarita Ruiz
Perez
Por el Pueblo Creyente:
|
Por los desplazados de la colonia Puebla:
|
Macario Arias
Gómez
Representante de los Desplazados
|
Juan Hernández
López
Creyente Católico
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